Sobre Cármenes del Mar

Cármenes del Mar es una comunidad de 416 casas que se encuentra en el pueblo de La Herradura en la municipalidad de Almuñecar en Granada.

En 1995, la empresa promotora Cerro Gordo S.A., del grupo empresarial COMAREX -importante empresa de promoción y edificación en Granada-, inició la promoción de un proyecto de urbanización y edificación en el Cerro Gordo de La Herradura (Almuñecar). La Junta de Andalucía dio el visto bueno tanto al planeamiento urbanístico como al posterior incremento en la edificabilidad propuestos por la promotora, y aprobados en primera instancia por el consistorio.

Meses más tarde se puso en marcha la edificación de 416 viviendas distribuidas en seis urbanizaciones. Durante los trabajos, los técnicos ya advirtieron de irregularidades constructivas, sin embargo la promotora, haciendo caso omiso de dichas advertencias, decidió continuar la promoción y vender prácticamente todas las viviendas entre 2001 y 2005.

Primeras Alarmas: “Informe Chacón 2008”

Ya en 2005, se sucedieron las primeras evidencias de deterioro: levantamiento de suelos, desprendimientos, rotura de muros de contención… En 2007, la situación se tornó insostenible y evidente. El Informe del Dr. D. José Chacón Montero, Catedrático de la Universidad de Granada del área de ingeniería del terreno (Dpto de Ingeniería Civil), conocido como “Informe Chacón 2008”, dejó claro que las técnicas utilizadas para construir las viviendas no eran las adecuadas al terreno en el que se pretendía edificar. El informe mostraba la existencia de un movimiento de deslizamiento de ladera preexistente y descrito en manuales de geología antiguos, acreditando que las deficiencias geológicas del terreno no lo hacían apto para este tipo de edificaciones y que, además, no se llevaron a cabo los trabajos previos de geotecnia adecuados para la construcción luego realizada. Es decir, se conocían las especiales características del terreno sobre el que se construía, pero no se hizo nada para evitar los problemas.

Los portavoces de los propietarios consideran que la Junta de Andalucía, que desde el inicio era conocedora de los problemas, ha abandonado a su suerte a más de 400 familias, alegando que no tiene competencia en este asunto a pesar de haber interpuesto varios recursos contencioso-administrativos contra las licencias de construcción dadas en su día por el ayuntamiento de Almuñecar.  “La nueva presidenta ya no puede seguir mirando hacia otro lado y permitiendo que los vecinos sigamos sufriendo esta injusticia”, insistieron los vecinos. La junta de Andalucía tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y si esta no se respeta, tiene medios para conseguirlo,  llegando incluso a la intervención, si lo considera oportuno.

Estamos por lo tanto ante una forma de actuar propia del boom de la construcción, cuando todo era válido para crear una urbanización más, aunque el futuro de sus habitantes estuviera decantado desde el primer momento. Hoy esas prácticas pueden dejar a más de 400 familias sin sus casas. Eso, sin contar con el deterioro para la tan cacareada “marca España” que supone este episodio, que resta credibilidad tanto al turismo residencial de la zona, como al propio sistema de garantías de nuestro país.

Acciones judiciales, muestran la evidencia del pelotazo constructivo

Ante esta situación, los afectados han puesto en marcha toda una serie de iniciativas legales con el fin de defenderse e intentar salvar sus casas. Hasta el momento, estas acciones han puesto en evidencia, por ejemplo, la existencia de informes periciales que desaconsejaban las técnicas constructivas utilizadas en este paraje. Es posible que el proceso judicial se alargue aun otros cinco o seis años, lo que puede provocar que, para cuando haya una sentencia en firme, sea inviable la reparación de algunas zonas, por la desprotección de una clase política y una legislación, que protege al constructor frente a los compradores.

Por tanto, lo que se necesita de la administración es que ayude a subsanar el problema ahora, adelantando los recursos técnicos y económicos, recursos que serán devueltos cuando el procedimiento judicial depure responsabilidades, apuntaban los vecinos, los cuales indican que el ayuntamiento es la única administración dispuesta a echarles una mano, pero que son conscientes que debido a la magnitud del problema se vean impotentes.